Notícies sobre mortalitat 

L’esperança de vida de la dona espanyola és la més alta de la UE

L'esperança de vida al néixer de les dones espanyoles se situa en els 83 anys, la més alta de tota la UE. Si s’inclouen els homes, baixa al tercer lloc, després d’Itàlia i Suècia, a 79,7 anys. Un informe sobre la salut als 25 països situa Espanya a les taxes de mortalitat més aixes
per malalties cerebrovasculars i càncer de mama, però ens situa als primers llocs en consum de drogues, morts per diabetis, sida i accidents de trànsit, i en incidència de l’obesitat i el sedentarisme. 
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J. CASALS | Barcelona

Los accidentes mortales en el sector de la construcción bajaron el 13,3% en 2001, mientras que los graves y los leves aumentaron el 15,4% y el 4,9%, respectivamente, según indica un informe presentado ayer por la Cámara Oficial de Contratistas de Cataluña (CCOC) con datos del Departamento de Trabajo.

Los accidentes mortales se redujeron de 45 a 39, al tiempo que los graves aumentaron de 382 a 441 y los leves crecieron de 36.193 a 37.967.

La patronal del sector señaló que en el año 2000 había 195.866 trabajadores en la construcción y el año pasado 207.845. Por ello, señala que el descenso de los accidentes mortales alcanza el 18,3% si los siniestros se miden por cada 10.000 trabajadores. El perfil de las personas que sufren más accidentes corresponde al de un hombre entre 25 y 44 años, de una empresa que tiene entre 6 y 50 empleados, con más de un año de antigüedad y con un contrato eventual, 'propio del sector', explica Rafael Romero, presidente de la CCOC. Romero propuso que se aplique un sistema que penalice o premie económicamente a las empresas, en función de que cumplan o no las normas de seguridad y prevención de riesgos.
 
 

Continua l'augment de contagis de sida per relacions heterosexuals

Redacció BARCELONA

La transmissió del virus de la sida a través de relacions heterosexuals continua sent cada cop més freqüent i, segons les últimes dades aportades pel departament de Sanitat, les dones en són les principals afectades. Tot i que aquesta via de contagi és la que ha causat menys casos de malaltia des de l'inici de l'epidèmia (1981), és l'única que des de fa dos anys augmenta percentualment, a diferència de la transmissió per consum de drogues injectades o per relacions homosexuals. Des de l'any 1981 fins al desembre de l'any passat, el Centre Epidemiològic sobre la Sida de Catalunya (Ceescat) ha comptabilitzat 13.693 casos diagnosticats de sida. El 80,8% són homes i el 19,2% són dones, i el 60,4% del total ja han mort des de l'inici de l'epidèmia. Segons es desprèn de les dades, la immensa majoria dels afectats (68,19%) tenien entre 25 i 39 anys en el moment que els van diagnosticar la malaltia. El nombre de malalts ha augmentat de pràcticament 700 casos en un any (a 31 d'octubre de 2000 s'havien comptabilitzat 13.007 casos de sida). En els últims dos anys, els usuaris de drogues per via parenteral han representat el 45,74% dels casos de sida, el 28,35% corresponen a contagis per via heterosexual i el 16% a relacions homosexuals.

LA VANGUARDIA - 29/06/2000

BARCELONA. (Redacción.) - El Departament de Sanitat gastará unos 325 millones de pesetas en reducir la lista de espera de cirugía cardiaca, que es de 750 pacientes. El dinero saldrá de los 3.000 millones que la Generalitat dedicará al plan de choque para acortar las esperas en diversas patologías, según explicó ayer el director del Servei Català de la Salut (SCS), Josep Prat.

Los hospitales públicos harán 160 operaciones de corazón adicionales hasta fin de año para reducir la lista y otros 90 enfermos se operarán en clínicas privadas. Sanitat quiere hacer 500 operaciones de corazón más que en 1999, es decir 2.906. Según sus cálculos, esto permitirá que en diciembre la espera para operarse no supere los dos meses. La conselleria asegura que en 1999 ya programó que los hospitales públicos hicieran 250 intervenciones más ampliando el horario de quirófanos. A éstas suma el plan de choque de 250 operaciones. Una comisión del Col·legi de Metges, participada por los jefes de cirugía cardiaca de los hospitales públicos, planteó que podían hacer 240 operaciones adicionales, pero necesitarían 360 millones de pesetas.

Prat y los gerentes de los hospitales han acordado que Bellvitge realice 103 operaciones más que en 1999; la Vall d'Hebron, 84; el Clínic, 65; Sant Pau, 105, y que la residencia Can Ruti de Badalona, que desde octubre practicará cirugía cardiaca, haga 53. Todos los centros harán operaciones de las 160 del plan de choque menos Bellvitge.

Los centros privados harán 90 operaciones además de las 215 que se preveían de urgencias, ya que el Servei suele desviar al hospital General de Catalunya y a las clínicas Sant Jordi y Quirón los enfermos que no pueden atender los hospitales públicos. En 1999 fueron 215.

El SCS y los gerentes han pactado que por cada una de las 160 operaciones adicionales, los centros recibirán un millón, más el coste de las prótesis (un marcapasos vale medio millón de pesetas). El pago a las privadas debe negociarse, pero Prat estimó que 325 millones bastarán para las 250 operaciones del plan de choque. La comisión médica pedía 1,2 millones por operación para los costes de personal e instalaciones, y señaló la necesidad de 12 camas por centro para el postoperatorio. Prat dijo que lo que cobrará cada médico por operar más, y si se contrata más personal o amplían las instalaciones, lo decidirá cada centro.

La Generalitat lanza un plan para reducir los muertos en carretera en un 15%

LVD - 05/03/2002

En 2001 se produjeron un total de 474 accidentes de tráfico en Cataluña que provocaron 551 muertos y 259 heridos graves, lo que supuso una reducción de la siniestralidad en carretera del 11%, según las cifras de la Generalitat.

Barcelona. (EFE).- El Consell Executiu de la Generalitat ha aprobado hoy un Plan de Seguridad Viaria que tiene como objetivo reducir el número de muertos y heridos graves en Cataluña en un 15% en un período de tres años, según ha informado la administración catalana. Este nuevo plan tendrá una vigencia de tres años por lo que abarcará el período 2002-2004.

La reducción que se persigue del 15% en el número de heridos graves y muertos es un objetivo que se aplicará sobre las cifras registradas en el 2000, cuando se produjeron en Cataluña un total de 530 accidentes con 622 muertos y 322 heridos graves, según han explicado portavoces del Servei Catalá de Transit.

El plan contempla actuaciones a corto plazo como combatir el exceso de velocidad y la ingestión de alcohol, y potenciar la seguridad pasiva de conductores y ocupantes.

El proyecto, que todavía no cuenta con un presupuesto concreto, prevé además realizar un mapa de puntos negros de las carreteras catalanas y se propondrán medidas para mejorar la red viaria en las zonas de mayor siniestralidad.

También se espera conseguir en estos tres años un cambio cultural para que las personas se den cuenta de que "conducir un coche precisa una gran responsabilidad", según portavoces del Servei Catalá de Transit.

En el 2001 se produjeron un total de 474 accidentes de tráfico en Cataluña que provocaron 551 muertos y 259 heridos graves, lo que supuso una reducción de la siniestralidad en carretera del 11%, según las cifras de la Generalitat.

Este nuevo plan se enmarca en el compromiso asumido en el libro blanco de la seguridad viaria de la UE que promueve la reducción del número de víctimas por accidentes de circulación en un 50% en el año 2010.

Un estudio del RACC compara la seguridad de las vías de Catalunya, Gran Bretaña, Suecia y Holanda
Barcelona. (Agencias).- Los automovilistas tienen 5 veces más riesgo de sufrir un accidente en las autopistas y carreteras catalanas que en las vías de Gran Bretaña, Holanda y Suecia, según un estudio conjunto realizado por los clubes de automovilistas de estos tres países y el RACC.

El informe detecta al menos 29 tramos de carreteras en Cataluña que pueden ser considerados "puntos negros" y en los que hay hasta 10 veces más riesgo de sufrir un accidente con muertes y heridos graves que en otras zonas, mientras concluye que las autopistas son las vías más seguras y en las que hay menos riesgo de accidentes.

El estudio, que ha sido presentado por el director general del RACC, Josep Mateu, y el director técnico, Pere Sauret, ha sido elaborado, en el caso de Cataluña, con datos de siniestralidad aportados por el Servei Catalá de Transit (SCT), que hacen referencia a los años 1998, 1999 y 2000.

Las estadísticas se han elaborado a partir del análisis de 3.412 kilómetros de carreteras catalanas, una parte de la red viaria catalana que registra el 76 por ciento de la movilidad de vehículos y concentra el 80 por ciento de los accidentes mortales.

La investigación se ha efectuado en el marco de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y, en esta primera fase, sólo han participado las asociaciones de automovilistas de Holanda, Gran Bretaña, Suecia (países donde se registra el índice de siniestralidad más bajo de Europa), y Cataluña, que, al igual que el resto de España, ocupa el tercer lugar en número de accidentes de tráfico, tras Portugal y Grecia.

Riesgo multiplicado por cinco El estudio asegura que mientras en Gran Bretaña, Holanda y Suecia el riesgo de tener un accidente de tráfico en una autopista es 1, en Cataluña es de 5, mientras que cuando se habla de carreteras de dos calzadas y trazado en diferentes niveles el riesgo en Cataluña se eleva a 10, por un índice de 2 en Gran Bretaña.

Eix Transversal El coeficiente de accidentes es mayor en vías más pequeñas, pero que por volumen de tráfico tienen más accidentes. Estos datos contrastan con los que consideran entre las más peligrosas de Catalunya otras vías mayores, como el Eix Transversal- en los últimos tiempos motivo de polémica por su aparente alta siniestralidad-.

El estudio revela que el tramo de la C-245 entre Viladecans y Cornellá, en la provincia de Barcelona, es el punto donde se registran más accidentes con muertos y heridos por 1.000 millones de vehículos por kilómetro de toda Cataluña.

En el ránking de más siniestralidad, le siguen el tramo entre Plans de Sió y Guissona de la L-310, entre Tárrega y Plans de Sió, de este misma vía, el de Maials y Llardecans de la C-230, el de Tremp i La Pobla de Segur de la C-147, el de Salou y Reus de la C-240, el de Tarragona-Tarragona y Tarragona-Perafort de la N- 240, el de Caseres-Gandesa de la N-420 y el de Reus y Alcover de la C-240.
Entre los 29 tramos de carreteras que pueden considerarse "puntos negros" de Cataluña figuran carreteras rurales y carreteras nacionales, pero no autopistas.

Otro de los datos revelados por el estudio es que cuatro de cada cinco muertos de los accidentes de tráfico en Catalunya se producen por un choque frontal, porque el vehículo sale de la vía o bien por error del conductor y atropello de un peatón o un ciclista.
El director técnico del RACC, Pere Sauret, ha explicado que el coeficiente de accidentes se ha elaborado a partir del número de accidentes anuales con muertos y heridos que necesita un mínimo de 24 horas de hospitalización, en relación con el volumen de tráfico.

Estado de las carreteras En una segunda fase del estudio, el RACC va a realizar una auditoría para intentar detectar hasta qué grado las características técnicas de las vías catalanas influyen en este riesgo de siniestralidad elevado.

Sauret ha subrayado que, en los accidentes mortales, concurren tres factores: el vehículo, la carretera y el conductor y que se tiene que estudiar en profundidad qué papel tiene cada uno.

Por su parte, Rafael Olmos, representante del SCT, que ha asistido a la presentación del estudio, se ha mostrado convencido de que tanto las características de los vehículos en Cataluña como de las carreteras son similares y, por tanto, lo que hace aumentar la siniestralidad en Cataluña "es necesariamente el conductor, su actividad y manera de hacer".

Los responsables del RACC han explicado que intentaron incluir en el estudio los datos de carreteras de toda España pero no lo pudieron hacer porque el Gobierno no les facilitó a tiempo las cifras necesarias.

LA VANGUARDIA - 06/03/2002 

VICENÇ LLURBA 

Un agente policial inspecciona una casa de Tarragona que ha sido objeto de un robo, delito que va en aumento 
ENRIC ALFONSO TARRAGONA. - Tarragona se lleva la palma en lo que a delincuencia se refiere. Una reciente estadística policial sitúa la provincia en el primer puesto del ranking español de delitos por cada mil habitantes, concretamente 45,74. En cifras absolutas, las comarcas tarraconenses ocupan el tercer lugar, con 15.966 delitos registrados durante el año 2001. Sólo Alicante y Valencia superaron esta cifra, con 26.680 y 18.637 infracciones, respectivamente. Así lo refleja la memoria anual de la fiscalía de Tarragona, presentada ayer a los medios de comunicación. El fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona, José María Parra, atribuyó ayer el aumento de delitos al incremento de población -estable y temporal- que registran las comarcas de Tarragona. La zona costera, desde Cunit hasta Salou, la que más crece en habitantes, es también la que registra la mayoría de estos hechos, según destacó Parra. El elevado índice de criminalidad de 2001 se tradujo en un incremento de los procedimientos judiciales: 5.000 más que en el año anterior, lo que significa un aumento del 6,7 por ciento. En toda la provincia se abrieron el año pasado 87.993 diligencias. Los delitos que han experimentado un mayor aumento en el último año han sido los robos en casas habitadas y locales abiertos al público, (de 378 se ha pasado a 711), los atracos en gasolineras, supermercados y en la vía pública (de 710 a 1.107), los robos de coches (de 2.554 a 2.901), las agresiones sexuales (de 60 a 75), los abusos sexuales (de 43 a 54) y las estafas (de 927 casos se pasó a 1.605). En materia de delitos relacionados con la droga, se observa un descenso casi inapreciable. La memoria de la fiscalía destaca que los hechos de esta tipología "constituyen el núcleo central generador de otros delitos, especialmente contra la propiedad y también contra la vida y la integridad física, pues con frecuencia en su periferia se producen ajustes de cuentas entre traficantes". El informe añade que la costa de Tarragona se está convirtiendo en los últimos años en una de las principales zonas de entrada de droga a España procedente de Marruecos.

Los psiquiatras aseguran que el 15% de los jóvenes desarrolla conductas violentas Los expertos ven cada día más casos de conductas agresivas en niños y adolescentes, un tema de creciente preocupación social

LA VANGUARDIA - 18/01/2002

PEDRO MARTINEZ / "LA OPINIÓN DE MURCIA"/ARCHIVO 

José Rabadán, el joven de Murcia que mató a sus padres y hermana, es un ejemplo extremo de violencia juvenil 

MARTA RICART BARCELONA. - Uno de cada tres jóvenes comete actos agresivos y la mitad de esos chicos desarrolla conductas violentas. Los psiquiatras afirman que cada día llegan a sus consultas más niños y adolescentes con trastornos de conductas antisociales. La cuestión causa preocupación social, pero lo paradójico es que en parte estos problemas se derivan del estilo de vida de la sociedad avanzada, según indicaron diversos especialistas en unas jornadas sobre agresividad y violencia infantil y juvenil organizadas por el hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Un 6% de jóvenes consta en las instituciones por conductas disociales o delictivas, pero las encuestas de los psiquiatras indican que entre el 27% y 35% de adolescentes comete actos violentos o agresivos. La mitad de los casos son esporádicos, pero se estima -aquí no hay encuestas fiables- que el 15% de los jóvenes desarrolla conductas violentas que pueden ser más o menos graves, explicó Josep Tomàs, jefe del área de paidopsiquiatría de Vall d'Hebron. La violencia cometida por menores conmociona la sociedad, pero agresividad y conducta violenta suelen empezar a expresarse en la niñez y en algunos casos se convierten en trastorno y acaban en casos graves. Los psiquiatras atienden cada día más casos de conducta violenta en niños y adolescentes, aunque lo atribuyen en parte a que la sociedad está más sensibilizada. "El tema preocupa y su estudio aumentará. La sociedad quiere saber cómo se origina la violencia, cómo puede alguien estrellar un avión contra las Torres Gemelas", comentó Miquel Casas, catedrático de Psiquiatría de la unidad docente de Vall d'Hebron de la Universitat Autònoma. Las causas de la agresividad son biológicas y sociales. Casas explicó que es un impulso que se origina en el cerebro. Se ignora cómo funciona el mecanismo, pero predispone a unas personas más que a otras a ser agresivas. Esto explica por qué los factores sociales instigan violencia en unas personas y en otras no, según Mariano Velilla, profesor de Psiquiatría en Zaragoza. Los factores sociales que pueden desencadenar la agresividad en algunos niños son múltiples y variados. Van desde una situación de pobreza familiar a programas de televisión o videojuegos con pautas violentas.Velilla cree que la sociedad moderna favorece los trastornos al dominar el individualismo y la despersonalización. La familia tiene un papel básico. El psiquiatra apuntó que a menudo padre y madre trabajan y descuidan la educación del hijo o relajan la autoridad y son permisivos para evitarle frustraciones. Otros padres son tiránicos. Ambos casos pueden facilitar que el hijo desarrolle agresividad. "El niño debe ver que sus padres le quieren pero tienen una actitud firme y le inculcan modelos válidos", recomendó. Un niño debe aprender honestidad, a resolver los problemas sin agresividad y a respetar la autoridad, a los demás y la propiedad ajena. Eso evita problemas de conducta, según Tomàs Cantó, psiquiatra infantil y juvenil del hospital Clínic-Maternitat. Hiperactividad, bajo rendimiento escolar, temperamento difícil, no razonar con lógica, aislamiento, crueldad con animales, o en adolescentes, actos violentos, amistades "desviadas" y abuso de sustancias tóxicas, entre otros aspectos, indican riesgo de conducta violenta. Cantó señaló que cierta agresividad contra las normas es normal en niños y adolescentes, pero remite con la edad. El trastorno de violencia se agrava con la edad. ¿Cómo identificarlo si es incipiente? Según Cantó indican posible psicopatología una conducta desafiante y negativista, demasiado inmadura o precoz, aprendizaje deficiente, relaciones personales pobres, no asumir responsabilidades y exigir gratificación inmediata. La agresividad se da en ambos sexos, sólo que los niños la externalizan más, pero en las adolescentes abundan las fugas de casa o el abuso de drogas.

Los países más avanzados de la UE son los que más delincuencia registran en las estadísticas de denuncias Más ricos pero más inseguros

LA VANGUARDIA - 12/03/2002

Los delitos con violencia se incrementaron un 20% en Europa durante la segunda mitad de los noventa

El paradigma del miedo al delito es Francia, donde la delincuencia es la gran preocupación

La UE cuenta hoy por hoy con pocos resortes de lucha contra el crimen, sobre todo contra el no organizado

FERNANDO GARCÍA Madrid Europa no se siente segura. Los debates sobre delincuencia en buena parte de los países miembros de la Unión Europea (UE), en especial Francia y España, así lo indican. La sensación de creciente inseguridad se corresponde con un notable aumento de las denuncias de delitos violentos, que en el último quinquenio contabilizado aumentaron un 20% en la UE. Respecto al conjunto de infracciones denunciadas en la UE, las estadísticas disponibles arrojan un promedio de crecimiento insignificante o nulo –según las fuentes– en los últimos años, pero con fuertes variaciones entre países y algunos casos de aumentos espectaculares. Para acabar de complicarlo –el asunto es vidrioso–, los datos enseñan que una cosa son las denuncias que recibe la policía, otra los delitos que se comprueban (alrededor del 25% de los denunciados) y otra bien diferente los delincuentes que acaban en la cárcel.

Los índices de criminalidad reflejan ante todo una enorme disparidad de situaciones de los distintos países miembros de la Unión Europea con respecto a la delincuencia denunciada: de las 130 infracciones por cada 1.000 habitantes de Suecia a las 22 de Irlanda, pasando por las 70 que el año pasado registró Francia y las casi 49 que resultaron en España. El cuadro completo muestra una llamativa relación directa entre riqueza y criminalidad: con escasas salvedades, cuanto más desarrollado es un país europeo, más se delinque o, al menos, más delitos se denuncian en él.

“La riqueza no garantiza el descenso de la delincuencia, ni mucho menos”, opina el criminólogo y ex director de Prisiones de la Generalitat Santiago Redondo, que dedicó su tesis en Psicología a “El tratamiento de la delincuencia en Europa” (1995). “Un país más desarrollado –dice– tiene un mayor escaparate: a más coches, más robos de coches y en coches; a más salidas por la noche, más delitos de contacto.”

Otro estudioso del crimen en España y Europa, el politólogo y director del Instituto de Estudios de Seguridad y Policía José Antonio Rodríguez, cree que “cuanto más seguro está el hombre, más inseguro se siente. Y esto es así hasta el punto de que tal vez aquí, en Europa, nos sintamos menos seguros que en Colombia”. Rodríguez añade que, si bien según los datos del último quinquenio la delincuencia globalmente entendida se halla prácticamente estancada en el conjunto de la Unión Europea, “es indudable que existe un sentimiento creciente de inseguridad”. Para cerrar el círculo, Santiago Redondo concluye que el miedo al delito –sobre todo al delito violento–, así como la cultura y la sensibilidad, “son los factores que empujan a denunciar más”. Tal es el caso de la violencia doméstica, donde el número de denuncias no ha dejado de crecer, pero sobre la cual no existen datos serios que permitan afirmar sin dudas que se ha incrementado en igual medida.

La conclusión de lo anterior es que la inseguridad ciudadana tiene un alto componente de subjetividad. Prueba de ello es el curioso contraste entre tasas de criminalidad denunciada y población reclusa de los distintos socios de la UE. El resultado de la comparación es que buena parte de los países con mayores índices de delincuencia registrada por la policía son los que menos gente tienen en sus cárceles. Es el caso de Suecia, Dinamarca y Finlandia. Por el contrario, España e Italia están a un tiempo entre los tres países que proporcionalmente más reclusos tienen en sus prisiones y entre los cinco donde menos crímenes se denuncian.

Constatadas estas salvedades a la fiabilidad de las estadísticas, lo que no puede negarse es que en el último año la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de las máximos motivos de preocupación en Europa. Francia es el paradigma, pues allí se trata del problema número uno para la sociedad y del tema prioritario de debate político en el contexto del proceso electoral que allí se está viviendo. Los franceses y su Gobierno recibieron un gran golpe moral cuando, hace mes y medio, desayunaron con la información de un alarmante crecimiento de la delincuencia, que en términos de criminalidad denunciada aumentó en un 7,7% el año pasado. La tasa en la región de París se situó en casi 147 delitos por cada mil habitantes.

Pero lo que asusta a los franceses no son obviamente las frías estadísticas, sino el vivir cotidiano de una violencia creciente y de formas cambiantes. Aunque, como en toda Europa, los robos siguen encabezando allí el ranking de delitos, lo que de verdad impresiona en Francia son las noticias cada vez más frecuentes de violaciones en grupo, muchas veces protagonizadas por menores; los aumentos anuales del 10% en el número de homicidios y de agresiones; la inquietante extensión de la criminalidad en la escuela y, por si no bastara, la aparición de “modas” novedosas como el “carjacking”, consistente en desalojar por la fuerza a los ocupantes de vehículos de lujo protegidos con dispositivos de seguridad inexpugnables.

España es otro de los países donde más se está debatiendo en torno a la delincuencia. El asunto lleva meses ganando posiciones en la clasificación de problemas que más preocupan a los españoles; en las encuestas del CIS ya ocupa el tercer lugar, tras el paro y el terrorismo, y dentro de ese puesto sigue subiendo. Pero aunque el aumento de la criminalidad denunciada fue el año pasado de más del 10%, y por tanto muy superior al de Francia, aquí el fenómeno se caracterizó por dos aspectos dispares: en cuanto a los hechos, por el incremento de la pequeña delincuencia, básicamente los hurtos y los robos; y en cuanto a la percepción pública, por el tormentoso debate sobre la mayor o menor incidencia del aumento de la inmigración en el crecimiento de la delincuencia. Al margen de las opiniones, es una realidad que, siendo la inmigración necesaria, aquellos inmigrantes que no pueden ser inmediatamente absorbidos por la sociedad y por el mundo del trabajo pasan fácilmente a formar parte, al menos de forma transitoria, de bolsas de marginación que son terreno bien abonado para el delito.

La UE cuenta hoy por hoy con herramientas limitadas para la lucha contra la delincuencia desde las propias instituciones comunitarias. La delincuencia no organizada es un asunto netamente doméstico y de política interna, sobre todo porque no se beneficia de la disparidad de ordenamientos jurídicos y sistemas administrativos de los países miembros. Así que los esfuerzos tienen que centrarse en la criminalidad organizada, un ámbito en el que últimamente se han dado avances importantes al amparo del impulso en la lucha contra el terrorismo. La euroorden, que pronto sustituirá al lento proceso clásico de extradición por el de la entrega inmediata de los delincuentes, no afecta sólo a los terroristas sino a los acusados de los delitos propios de la criminalidad organizada: tráfico de drogas, de armas y de seres humanos, redes de pornografía, blanqueo de capitales... También será importante la orden de embargo, que obligará a los jueces de cualquier país miembro a ejecutar la orden de congelación de bienes y pruebas dictada por cualquier juez de otro país de la UE. La pequeña delincuencia, sin embargo, escapa a estas medidas.

La comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo proclamó en mayo del 2000 que “la UE carece de una estrategia global de prevención de la delincuencia”. Por ello, además de dar algunos consejos a los estados miembros, la comisión propuso “tomar medidas para fomentar el intercambio de los conocimientos específicos de los estados miembros para la prevención de la delincuencia”. Dicho y hecho, pues al año siguiente el Consejo de la UE aprobó el programa Hippokrates, “de fomento y de intercambios, formación y cooperación en el ámbito de prevención de la delincuencia”. El Consejo dotó el plan con un presupuesto sorprendentemente modesto para el periodo 2001-2002: dos millones de euros.

LA SEGURIDAD EN EL HOGAR La electricidad, un peligro tras la pared Los incendios de origen eléctrico en las casas causan cien muertos al año

LA VANGUARDIA - 04/03/2002

En España hay 12.000 incendios domésticos al año por electricidad y sólo un 14% de casas son seguras

ANTONIO CERRILLO

BARCELONA. - Los incendios provocados por la electricidad en el hogar causan en España de media 94 muertos y cerca de 2.700 heridos cada año. Tras muchos de tales siniestros se esconde una falta de adecuación y revisión de las instalaciones eléctricas. Estos problemas de inseguridad afectan a la mitad de los 140 millones de hogares en Europa, y muy especialmente al parque de viviendas construido antes de 1980, según un estudio del Instituto Europeo del Cobre basado en encuestas en 16.000 viviendas en 11 países europeos.

En España, se calcula que hay al año unos 12.000 incendios domésticos por electricidad, que causan un número de muertes un 50% superior al de los países comunitarios. Dos de cada tres hogares españoles son inseguros en ese aspecto. El 67% de las casas presenta dos o más deficiencias en la instalación eléctrica, un 19% tienen un fallo y sólo un 14% de las casas no muestran ninguna carencia, según una encuesta en 2.000 hogares elaborada por alumnos de escuelas politécnicas.

"No tenemos conciencia de los problemas que causa un mal mantenimiento de la instalación eléctrica -explica José Ramón Morales, director del Centro Español de Información del Cobre-. Cuando se produce un accidente provocado por el gas, en seguida decimos cuál es la causa porque el gas huele. Pero esto no pasa con la electricidad, que no vemos y está oculta en las paredes. A diferencia del gas, no están reguladas las inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas en casas."

Los fallos detectados son múltiples: ausencia de limitadores de potencia en las acometidas de las viviendas, falta de protectores para derivar la corriente, uso excesivo del ladrón múltiple que provoca una sobredemanda de energía en un punto sin que el cable lo pueda soportar, o cables sin aislamiento o recubrimiento son algunos de los casos habituales. El problema tiene mucho que ver con el incremento de electrodomésticos de alto consumo, que ha dejado antiguo antes de hora un parque inmobiliario que no fue diseñado para este fenómeno. Más de dos tercios de los hogares de la UE tienen más de 30 años, pero en España -pese al fuerte ritmo constructor- el 56% de las casas son anteriores a 1970.

"Los riesgos ligados a la electricidad son reales y aterradores", advierte el Instituto Europeo del Cobre. El exceso de calor en los conductos de pequeño tamaño o los cortocircuitos pueden dar lugar a incendios. Una descarga eléctrica que supere los 40 voltios puede ser mortal. Y sin embargo usamos los 230 voltios decenas de veces al día. Además, el número de incendios motivados por la electricidad ha aumentado un 25% los últimos 10 años.

LA VANGUARDIA - 03/03/2002

VICENÇ LLURBA 

Los accidentes de tráfico son un alto riesgo para la salud en Tarragona

IGNASI SOLER
 
TARRAGONA. - Si, como dice la canción, las condiciones de la felicidad son tener salud, dinero y amor, los ciudadanos de la provincia de Tarragona sólo tienen solucionado el aspecto económico. El índice de bienestar social provincial del anuario social de España 2001, elaborado por la Fundació La Caixa, indica que Tarragona es una de las provincias donde se vive mejor de España, con índices de bienestar superiores a la media en la mayoría de los aspectos, pero con tres asignaturas pendientes: la salud -de las peores de España-, la seguridad ciudadana y medioambiental y la convivencia y participación social.
Las estadísticas del año 2001 otorgan a la provincia de Tarragona un índice de bienestar 7, en una escala de 1 a 10 donde 5 es la media española. Tarragona ocupa el puesto número 13, detrás de Lleida en el ranking español, y está a la cola de las provincias catalanas, donde Girona es la demarcación con mejor índice de bienestar social de España.

El dato más preocupante es el índice de salud, donde Tarragona obtiene un 2. Sólo Baleares y Lugo tienen un índice peor, un 1, mientras Zaragoza, La Coruña y Barcelona también tienen un 2. La mala salud no se debe a la falta de servicios sanitarios, aspecto en el que Tarragona está dotada por encima de la media y obtiene un 6. El indicador negativo se debe a las lacras de la sociedad urbana y desarrollada, pues refleja el elevado número de víctimas y muertos en accidentes de tráfico, por consumo de drogas, enfermedades infecciosas o suicidios.

El otro dato preocupante y que erosiona duramente el bienestar social de las comarcas de Tarragona es mucho más conocido y está cada día más de actualidad. Se trata de la inseguridad ciudadana y medioambiental. Aquí, Tarragona obtiene un 3, lejos de la media española y de Lleida y Barcelona, que tienen un 6, y evidentemente de Girona, que obtiene un 10. Este índice refleja la tasa de delitos y de detenciones, el terrorismo y la violencia callejera y las actuaciones policiales por atentados contra la naturaleza y el medio ambiente. Sólo Navarra y las tres provincias vascas presentan peores índices que Tarragona en este capítulo, debido al terrorismo.

Otro indicador negativo para Tarragona es el de convivencia y participación social, donde la provincia obtiene un 4, ligeramente por debajo de la media. Aquí se tiene en cuenta la abstención en elecciones, la participación en manifestaciones no comunicadas a la autoridad, el número de asociaciones ciudadanas o el de divorcios.

Por el contrario, Tarragona tiene una excelente posición en educación, cultura y ocio, en los índices de ocupación y de condiciones de trabajo o en el entorno natural y clima, todos ellos indicadores en los que la provincia está por encima de la media española, con un 8. Igualmente positivos son los indicadores de la renta, el nivel de instrucción, la vivienda y menaje y la accesibilidad a la oferta comercial, aspectos en los que obtiene un 7, que a la vez es el índice medio de bienestar.

INSEGURIDAD EN LAS CALLES VIOLENCIA DOMÉSTICA 

2001

Se doblan en un año las diligencias por violencia doméstica y delitos de sangre en Barcelona Crece un 11 por ciento el número de detenidos en 2001 respecto al año anterior

Barcelona. (EUROPA PRESS).- Las diligencias registradas en los juzgados de Barcelona por delitos de sangre -asesinatos, homicidios y parricidios- se doblaron en 2001 respecto a 2000, pasando de 25 a 60, lo que significa un incremento del 58,3 por ciento. También se doblaron las diligencias por delitos de violencia doméstica y de cónyuges, que pasaron de 365 en 2000 a 545 en 2001.

El Juez Decano de Barcelona, Joaquim Bayo, presentó hoy la memoria de los juzgados de Barcelona de 2001, que refleja el volumen de trabajo de los 173 juzgados de la ciudad. Bayo explicó que el número de diligencias registradas no equivale al número de delitos, ya que un mismo hecho delictivo puede entrar en los juzgados por más de una diligencia y también una misma diligencia puede incluir varios delitos.

En total, el número de diligencias registradas por los juzgados de guardia de Barcelona en 2001 fue de 286.046, lo cual significa un 7,05 por ciento más que en el año anterior, en el que se registraron 267.187.

El número de diligencias por hurtos aumentó un 14,6 por ciento, registrándose en el año 2001 104.029 diligencias por esta causa, mientras que en 2000 se registraron 90.758. También aumentó un 1,3 por ciento el número de diligencias registradas en los juzgados por delitos de lesiones y un 0,09 por ciento las diligencias por robos.

En números, en los juzgados se registraron 63.166 diligencias por lesiones, mientras que en 2000 se registraron 62.341. El número de robos de vehículos de motor se redujo en más de mil, puesto que en 2000 se registraron 10.022 diligencias por este tipo de delito y en 2001 fueron 8.732. No obstante, las diligencias por robos genéricos aumentaron en poco más de mil, ya que en el año 2000 se registraron 53.368 diligencias y en el año pasado, 54.717.

Por otra parte, las diligencias registradas por delitos de drogas se redujeron en el año 2001 respecto al 2000, cuando se registraron 1.232 diligencias por delitos contra la salud pública, mientras que el año pasado se registraron 1.176.

Las diligencias por delitos de agresión sexual también bajaron, en un 6,5 por ciento, pasando de 507 en el año 2000 a 474 en el año pasado.

Los hurtos, los más usuales Las diligencias más numerosas correspondieron en el año 2001 a los hurtos, con un 35,5 por ciento del total de diligencias, seguidas por las lesiones, con un 21 por ciento, y los robos, con un 18 por ciento.

Por otra parte, en 2001 se detuvo a 22.879 personas, lo que supone un aumento de más de 4.000 detenidos respecto a 2000, cuando se registraron 18.667. Del total de detenidos en 2001, el 30 por ciento no llegó a pasar a disposición judicial, mientras que el 70 por ciento restante compareció ante los jueces de guardia de Barcelona.

En 2001, el número de detenidos que ingresó en prisión fue de 2.353 personas, lo que representa un 10 por ciento del total de detenciones, mientras que en 2000 este número fue de 2.006. El número de detenidos que quedaron en libertad, 13.586 en el año 2001, significó el 60 por ciento del total de personas detenidas.

El número total de denuncias presentadas en los juzgados de la ciudad de Barcelona fue de 14.455, mientras que en 2000, el número de denuncias fue de 13.336, y en el año 1999 había sido de 12.807. El decano de los jueces no quiso pronunciarse sobre si este crecimiento de denuncias y diligencias en Barcelona supone un aumento en la inseguridad ciudadana. "No quiero hacer valoraciones, no me toca a mí decir que Barcelona es segura", dijo Bayo.

En abril del año pasado se puso en marcha el sistema de la prueba preconstituida en los casos de detenidos 'in fraganti' y cuando las víctimas son extranjeras. Así, se han realizado 232 atestados con prueba preconstituida, de los que un 70 por ciento se han tramitado judicialmente con esta prueba. Más de la mitad de estas diligencias se realizaron en los meses de junio a septiembre de 2001.

Juzgados de menores El número de asuntos repartidos en los juzgados de menores fue en 2001 de 8.580. No obstante, casi el 40 por ciento de estos asuntos fueron revisiones de causas donde había un menor de 18 años y que ya tenía sentencia, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Responsabilidad del Menor; el resto de asuntos fueron instrucciones que entraron en la Fiscalía, pero que también incluyen causas abiertas antes del 13 de enero, cuando entró en vigor la nueva ley.

El 40 por ciento de las diligencias registradas en los juzgados de Barcelona por delitos cometidos por menores son por algún tipo de robo, seguidas por un 12 por ciento por lesiones y un 12 por ciento por obstrucción a la justicia.

En los juzgados de Barcelona se tramitaron el año pasado 2.471 causas como juicios rápidos, lo que supone un aumento del 26,2 por ciento respecto al año 2000. El decano de los jueces mostró su satisfacción porque se ha resuelto mediante justicia rápida casi el 38 por ciento de causas procedentes de los juzgados de instrucción de Barcelona que han entrado en los juzgados penales.

En total, el 44 por ciento de los juicios rápidos tramitados en los juzgados de Barcelona el año pasado fueron por diferentes tipos de delitos de robo.

En total, el año pasado se repartieron 7.421 causas, lo que significa un aumento del 18,3 por ciento "de la litigiosidad contra las administracioenes públicas", según señaló Bayo.

Desde el 1 enero de 2001, el número de nuevos asuntos que entraron en la jurisdicción civil de Barcelona se redujo en un 17,8 por ciento respecto a 2000. En total se repartieron 42.517 asuntos, de los que hay que restar 11.379, que son las ejecuciones de las resoluciones judiciales que, por la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), se contabilizan como un asunto más. Bayo recalcó que la aplicación de la nueva LEC ha reducido la duración de los pleitos.

La duración En 2001, la media de resolucioón de un juicio verbal fue de 3 a 6 meses, y, en el ámbito de familia, una separación mutuo acuerdo puede durar 15 días de media, mientras que una separación contenciosa se sentencia en un promedio de 4 a 5 meses.

Además, en un 20 por ciento de los asuntos civiles se hizo servir el proceso monitorio, que prevé la nueva LEC para presentar la demanda sin abogado y procurador. "Se ha reducido considerablemente el tiempo de duración de los pleitos", pero hay que tener en cuenta que "los jueces aún están a caballo entra las dos leyes", señaló el Juez Decano.

Durante 2001 se repartieron 28.651 causas y se resolvieron 31.856 causas de los juzgados de lo social de Barcelona, por lo que, como explicó Bayo, se han reducido los asuntos pendientes. En este tipo de jurisdicción entraron un 9,9 por ciento menos de causas en el año 2001 respecto a 2000.

De las causas resueltas con sentencia, el 56 por ciento se resolvieron a favor del trabajador, el 7 por ciento favorables en parte al trabajador y el 36 por ciento desfavorables al trabajador.

El número de expedientes personales abiertos en el año 2001 en los tres juzgados de vigilancia penitenciaria de Barcelona fue de 2.365. Destaca también el hecho de que el año pasado se resolvieron 4.857 permisos de salida de presos, mientras que en 2000 fueron 4.417 y en 1999 habían sido 4.453.

El Juez Decano aseguró que "la justicia en Barcelona en el año 2001 se ha adaptado bien a las nuevas necesidades". Así, para Bayo, el balance es "claramente positivo", aunque reconoció que no se puede negar que el número de diligencias "ha aumentado".

Inmigrantes y delincuentes

LA VANGUARDIA - 26/02/2002

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR

Siempre supimos que el hambre agudiza el ingenio, como tiene acreditada la tradición de nuestra picaresca, y que en las áreas sociales más desfavorecidas prende con mayor intensidad la delincuencia callejera porque la otra, la de cuello blanco, prefiere la insonoridad alfombrada de los altos despachos ejecutivos. En el último pleno del Congreso de los Diputados dedicado al control del Gobierno, el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, se interesó por el incremento de la inseguridad ciudadana, una percepción generalizada avalada por los datos estadísticos. Pero el presidente Aznar se limitó a poner en concordancia el aumento de la delincuencia con el de la población y desmintió que exista una preocupación pública al respecto. Cuando se preguntó al ministro del Interior, Mariano Rajoy, por el deterioro de estos parámetros en la Comunidad Valenciana, su respuesta fue invocar el aumento de turistas y el de inmigrantes como causas generadoras de la subida de los índices. En definitiva, todo un recital de declinación de responsabilidades que deberían ser intransferibles para el Gobierno.

De acuerdo con los datos del Instituto Opina, en el pulsómetro de la cadena SER a propósito de la seguridad ciudadana, el 70% de los españoles estima que la inseguridad ciudadana ha aumentado en los últimos meses. En cuanto a las causas de ese aumento, el 29% lo atribuye a la inmigración, el 12% a la justicia, otro 12% a la escasa presencia policial, el 10% apunta al desempleo, otro 10% al déficit educativo y el 7% a la droga y el alcohol. Semejante pronunciamiento popular traduce el bombardeo que el Ministerio del Interior y los medios de comunicación han emprendido para colorear la delincuencia, aunque de paso siembren la cizaña de la xenofobia. Antes las autoridades se abstenían cuidadosas de cualquier cifra o comentario que indujera a la equiparación de inmigrante con delincuente y los medios de comunicación tenían a gala cuidarse de comportamientos xenófobos.

Pero ahora parece como si se hubiera proclamado el todo vale para salir indemnes, mientras algunos medios compiten por azuzar los odios étnicos siempre que con ello ganen lectores. En todo caso, el crecimiento de la delincuencia, lejos de ser una sorpresa, es el resultado previsible de unas políticas de gobierno.

Peligrosa falacia

LA VANGUARDIA - 03.51 horas - 05/03/2002

CONSUELO SÁNCHEZ-VICENTE

La tasa española de delito por habitante roza lo insoportable.

 Cuantitativamente en términos relativos porque, además del número de delitos, se ha incrementado la población. Pero, cualitativamente, en términos absolutos. La multiplicación de los pequeños delitos es tal, que empieza a ser una rareza no haber sufrido o no conocer a alguien que haya sufrido algún tirón, atraco, robo del coche o en su vivienda o alguna de las variedades de estafa bancaria, informática o telefónica que proliferan. Y la virulencia creciente de los delitos más violentos, del crimen a la agresión gratuita, por ejemplo de los matones de discoteca, o contra la libertad sexual, está haciendo cundir la alarma social.

La culpa es... de la vida, que se ha vuelto muy complicada. Pero garantizar la seguridad ciudadana es responsabilidad del Gobierno. Y poner coto a la inseguridad requiere, además de reformas legales, una cantidad equis -la que sea- de dinero, que el presidente José María Aznar ha venido sacrificando, hasta ahora, a la vanidad de llegar antes que nadie al "déficit cero". ¿Hemos llegado? Sí. Creando más empleo y más riqueza que nadie y bajando los impuestos... gracias, entre otros, a los 600.000 inmigrantes que ya contribuyen con "sus" cotizaciones a pagar "nuestras" pensiones. Pero, ¿a qué precio? Entre otros, al del desplome de la seguridad ciudadana.

Establecer falsas relaciones de causa/efecto entre inseguridad e inmigración -la idea de que lo que hace imposible la "seguridad posible" son los inmigrantes- como está haciendo el Ministerio del Interior para maquillar la realidad, es una falacia que anuda al problema de la inseguridad el problema de la xenofobia. Como el sábado, en Valencia, donde gentes con banderas inconstitucionales salieron a la calle "por la seguridad y contra la inmigración ilegal" (sic), mientras de Almería llegaba la edificante noticia de que "los ilegales" africanos (moros y negros) que el año pidieron y aún siguen esperando los famosos papeles, han sido sustituidos en la recogida de la fresa por "legales polacas", blancas, por supuesto.

¿Que uno de cada tres presos españoles son inmigrantes? Dos de cada tres, no. Dos de cada tres son "de los nuestros". Y, o dejamos de jugar a las casitas con el déficit cero, o no tiene arreglo.